Una grave amenaza proferida por una funcionaria de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) de Celaya, Guanajuato, ha desatado indignación ciudadana y exigencias de justicia.
En un video difundido ampliamente en redes sociales, se escucha a la trabajadora decir con tono agresivo: “¡A mí me cuesta dos mil pesos que te desaparezcan!” mientras confronta a un hombre que la graba durante una discusión.
¿CUÁL FUE EL CONFLICTO QUE QUEDÓ GRABADO EN VIDEO?
El incidente ocurrió en la explanada del parque Morelos, cerca del estacionamiento subterráneo y las oficinas de atención al público de Jumapa.
Aunque no se ha esclarecido del todo el contexto, el ciudadano, cuya identidad se mantiene reservada, reclamaba que se estaba afectando su comercio. “¿Ahora con mi comercio?”, se escucha decir, a lo que la funcionaria responde con la frase que ha causado alarma entre la sociedad y autoridades.
LA FUNCIONARIA FUE SEPARADA DE SU CARGO
Ante la gravedad del caso, Jumapa emitió un comunicado donde informó que ya se inició el proceso de baja de la trabajadora.
“No toleraremos actos de violencia, intimidación y/o prepotencia por ninguno de nuestros colaboradores”, expresó el organismo, que también reiteró su compromiso con una actuación ética y respetuosa por parte de su personal.
Sin embargo, para muchas personas no basta con la separación del cargo. Diversos sectores de la sociedad civil, organismos de derechos humanos y agrupaciones comerciales han solicitado una investigación formal por posible apología de la desaparición forzada, considerando la frase como potencialmente delictiva.
ALCALDE DE CELAYA CONDENA ESTE HECHO
El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, también se pronunció, haciendo un llamado a los funcionarios públicos para que actúen con sencillez y vocación de servicio. “Tenemos que ser ejemplo. Los funcionarios deben resolver, no crear más conflictos”, expresó.
Por su parte, Saúl Trejo Fuentes, director de Jumapa, condenó enérgicamente los hechos, afirmando que la actitud de la funcionaria “no representa el espíritu del organismo operador de agua” y que no hay espacio para personas con ese tipo de conductas en la dependencia.
Autoridades judiciales ya iniciaron los procedimientos correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si existe responsabilidad penal. Hasta el momento, se mantiene en reserva la identidad tanto del ciudadano como de la funcionaria implicada, en apego a los protocolos de protección y privacidad.
El caso ha provocado una fuerte reacción pública que exige transparencia, sanciones ejemplares y un precedente claro: las amenazas, vengan de quien vengan, no pueden tener cabida en el servicio público.
