Por más de una década, trabajadores mineros esperaron la resolución por parte del Tribunal de Justicia, para que el sindicato minero liderado por Napoleón Gómez Urrutia les pagara el recurso que tomó como propio y el cual es por un monto de 55 millones de dólares, más los intereses que se hayan generado durante 18 años.
Carlos Pavón Campos, Secretario General del Sindicato Minero Metalúrgico FRENTE, confirmó que efectivamente después 18 años de una lucha finalmente se les hará justicia a los trabajadores mineros, y que el tribunal ha dado el visto bueno de tal manera que, ya no se pude hacer nada y el sindicato está obligado a pagar, en caso de no querer pagar se procederá a un embargo precautorio de todas las propiedades que tenga el sindicato como bienes, cuentas, y lo que conlleva.
“El fideicomiso que existe es para los trabajadores de la empresa Industrial minera México, entonces es cuestión de acomodo ya no de pleito, porque hubo demandas de gente de Cananea que le dieron seguimiento, hay de Chihuahua y de varios Estados donde estaba Industrial minera México, entonces le toca a la junta revisar la acumulación de expedientes que no se habían metido”, dijo Pavón Campos.
DETALLES
Detalló que en ese tiempo Gómez Urrutia repartió 10 millones de dólares, de los 55 millones que se había llevado, pero que estos fueron entregados de una forma no correspondiente, debido a que a algunos pocos si les entregó dinero y por otra parte, también entregó a quienes no les correspondía.
El Secretario General del Sindicato Minero Metalúrgico FRENTE, dijo que por este motivo están obligando a pagar 54 millones de dólares porque Scotiabank cobró un millón de dólares por el manejo de fideicomiso, y derivado de esto se debe pagar el monto mencionado más los intereses generados desde hace 18 años a la fecha.
“Hay que hacer cálculo, pero en peso mexicanos son mil millones de pesos, yo creo que son mil 500 millones de pesos lo que va tener que pagar”, destacó Pavón Campos, aclarando que ya no hay tema jurídico que se pueda interponer para ampararse u otra cosa, para que lleve a cabo el proceso de pago a los trabajadores mineros.