(Analista político)
En esta semana se dio a conocer que la planta procesadora de alimentos derivados de la carne de cerdo, Kowi, ubicada en el municipio de Navojoa, al sur del Estado de Sonora, registró un brote de contagios del coronavirus. Hasta el momento se sabe que son siete los trabajadores infectados y se encuentran setenta más en observación en la condición de sospechosos de ser portadores del virus. Los trabajadores bajo sospecha fueron enviados a sus casas con la garantía del pago de sus sueldos. La empresa cuenta con una plantilla laboral de tres mil personas.
La planta se mantiene operando porque desempeña una actividad esencial. Se tiene conocimiento del brote infeccioso tres días después de que la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, había anunciado el reinicio de las actividades económicas en la Entidad, entre el 16 y el 22 de mayo, advirtiendo que se debería de hacer de manera gradual y con estrictos protocolos de salubridad. En su planteamiento la gobernadora es enfática al subrayar que el plan de reactivación requiere del todo el compromiso de los empresarios para equilibrar la salud con la economía. Señala que solo se puede hacer sostenible la actividad económica, si se generan las condiciones favorables para la conservación de la salud.
Los procedimientos de reapertura adelantados por la gobernadora, están inscritos en el calendario nacional manejado por el Gobierno federal. La acentuada demanda de los empresarios en este proceso, podría atender al hecho de que el sector maquilador en el Estado, como seguramente a nivel nacional, mantiene una intensa presión para el reinicio de las actividades económicas, por su inserción directa como proveeduría de ensamblaje al mercado de consumo de los Estados Unidos. Su exigencia y apremio por la reapertura debería de ser acompañado de responsabilidad y de un firme compromiso por la protección de los trabajadores y de sus familias.
Aunque la planta Kowi no entra en la categoría de maquila, sí es una empresa de alta concentración de trabajadores y lo que ahí acaba de ocurrir es un buen referente a considerar en el establecimiento de protocolos de salud aún más estrictos en la instrumentación escalonada de la reiniciación de las actividades económicas y comerciales.
El eje de este proceso debe de ser la realización de pruebas o muestreos (test), sobre estos conglomerados específicos, en tanto que es el método más confiable para saber quiénes están contagiados y con ello disponer lo pertinente para evitar un desbordamiento que pudiera poner a las empresas en el riesgo de tener que volver a parar actividades. Si las empresas no se disponen a pagar estos muestreos, supervisados por las autoridades de Salud, podrían tener pérdidas mayores, empezando por considerar el inconmensurable valor de la vida de sus trabajadores.
El sector maquilador en Sonora ocupa 120 mil trabajadores y a nivel nacional se acerca al millón y medio de empleados. El país les ha entregado todo para su instalación, principalmente en la frontera norte de México: infraestructura de servicios y agua. Facilidades fiscales y bajos salarios, lo cual les ha permitido ganancias extraordinarias.
Ha llegado el momento de que atiendan el llamado al compromiso y que le regresen al país algo de lo mucho que han recibido en los últimos treinta años. Proteger la vida de sus trabajadores, asumiendo los costos de la realización de los test, bajo la supervisión de las autoridades de Salud, es el procedimiento más adecuado para darle sustentabilidad a la actividad mientras se encuentra una vacuna en contra de la pandemia.
Un acuerdo entre el Gobierno de Sonora y el sector maquilador de la Entidad, con esta característica podría crear un precedente nacional para que el reinicio de las actividades económicas logre el cometido principal de proteger la vida de los trabajadores.
