El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán, habría sido ordenado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al considerar que las acciones y declaraciones del presidente municipal representaban una “provocación” contra el grupo criminal, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
La declaración se dio después de la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, identificado por las autoridades federales como presunto autor intelectual del homicidio perpetrado el 1 de noviembre de 2025 en la Plaza Morelos de Uruapan.
“En las entrevistas y declaraciones de los detenidos ellos refieren, literalmente lo mencionan, a una ‘provocación’ del presidente municipal al grupo criminal”, explicó García Harfuch.
Operativos y declaraciones de Manzo habrían causado molestia
Al ser cuestionado sobre el significado de la supuesta “provocación”, el secretario explicó que Carlos Manzo participaba en algunos operativos realizados por la Guardia Nacional y hacía referencias públicas contra la organización delictiva.
Harfuch calificó el homicidio como un crimen “sumamente cobarde” y señaló que distintas declaraciones de personas detenidas apuntan a que el CJNG decidió asesinar al alcalde debido a su postura frente a sus actividades.
Sin embargo, puntualizó que será la Fiscalía la encargada de establecer formalmente el móvil del crimen. Además, todavía deberá integrarse a la investigación la declaración del “R1”, capturado el jueves 30 de julio después de permanecer prófugo.
¿Qué se sabe de la detención del “R1”?
Ramón Ángel “N” fue detenido mediante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. La captura fue resultado de varios meses de inteligencia e investigación, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.
El detenido es identificado como uno de los principales líderes de “Los R’s”, célula vinculada al CJNG con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, además de zonas de Jalisco. A esta organización se le relaciona con extorsiones, homicidios y tráfico de drogas.
De acuerdo con García Harfuch, el “R1” cuenta con antecedentes por investigaciones federales relacionadas con delincuencia organizada.
En marzo de 2012 se le atribuyó la jornada de violencia que incluyó incendios de vehículos de transporte público y de carga en Guadalajara, Colima y municipios cercanos, como reacción a un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La captura se realizó en Atotonilco, Jalisco, y derivó en un enfrentamiento en el que murió uno de sus escoltas, según información difundida tras el operativo. El País
Informantes habrían seguido los movimientos del alcalde
Las investigaciones señalan que el ataque fue preparado con información proporcionada desde el entorno cercano de Carlos Manzo. Samuel “N”, quien trabajaba en el Ayuntamiento de Uruapan, habría entregado detalles sobre la agenda, ubicación y desplazamientos del alcalde.
Las autoridades también identificaron a una mujer que laboraba directamente en el Gobierno municipal como supuesto enlace con la organización criminal.
Los mensajes analizados después de la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, revelaron que el plan consistía en ejecutar el homicidio en el centro de Uruapan. El informante habría proporcionado la ruta y el horario que seguiría Manzo durante el Festival de las Velas.
Tres agresores llegaron al lugar. Uno de ellos, Víctor Manuel “N”, menor de edad, fue abatido por personal de seguridad después del ataque. Los otros dos, identificados como Ramiro y Fernando, fueron encontrados muertos el 10 de noviembre en la carretera Uruapan-Paracho.
Suman 31 detenidos por el asesinato
Con la captura del “R1”, suman 31 personas detenidas por su presunta participación en el homicidio.
Entre ellas se encuentran presuntos autores materiales e intelectuales, reclutadores, operadores logísticos, colaboradores e informantes que habrían contribuido a ejecutar el ataque o encubrir a los responsables.
Entre las pruebas reunidas se encuentran análisis forenses de teléfonos, transferencias bancarias, entrevistas, declaraciones ministeriales, testimonios e intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas judicialmente.
La Fiscalía deberá presentar estos datos ante un juez para acreditar la probable responsabilidad del “R1”. Mientras tanto, el móvil señalado por Harfuch permanece como una línea de investigación y no como una conclusión judicial definitiva.
