Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "El R1", presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), promovió dos juicios de amparo para solicitar protección judicial contra una presunta detención ilegal, incomunicación y una eventual entrega a Estados Unidos sin que se siga el procedimiento formal de extradición.
Las demandas fueron presentadas por su abogado, Víctor Francisco Beltrán García, días después de la captura del presunto integrante del CJNG, ocurrida el pasado 30 de julio durante un operativo de fuerzas federales en Atotonilco el Alto, Jalisco. En la misma acción también fue detenido Jesús Salvador Vela Salazar, alias "El Chuy".
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De acuerdo con los expedientes judiciales, el primer amparo fue promovido contra actos atribuidos a la Fiscalía Especial en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntas violaciones a derechos fundamentales derivadas de una supuesta detención ilegal e incomunicación.
Como parte de ese procedimiento, un juzgado de distrito concedió una suspensión únicamente respecto al acto de incomunicación, en caso de que exista, con el fin de garantizar que el detenido pueda mantener comunicación con su defensa y familiares conforme a lo establecido en la Constitución.
El segundo juicio de amparo amplía los actos reclamados e incluye como autoridades responsables a diversas instancias federales, entre ellas la Presidencia de la República. En este recurso, la defensa impugna una posible detención ilegal, incomunicación, tortura, expulsión del territorio nacional y un eventual traslado a Estados Unidos sin cumplir con el proceso de extradición previsto por la legislación mexicana y los tratados internacionales.
Hasta el momento, el juzgado no ha resuelto la solicitud de suspensión dentro de este segundo procedimiento.
Actualmente, "El R1" permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Las autoridades federales lo identifican como presunto operador del CJNG desde 2012 y lo investigan por diversos delitos relacionados con delincuencia organizada, mientras que los juicios de amparo seguirán su curso de manera paralela ante un juez federal.
