Fue cinco años después del derrame de tóxicos en el Río Sonora, por parte de la minera de Grupo México cuando la población de los siete pueblos contaminados se enteró de que la afectación por metales pesados había llegado a otras mil personas.
Por: Mónica Miranda
La señora Rosa María López, habitante de Ures, dijo que además de los 380 afectados –aproximadamente– que se habían dado a conocer de manera oficial por las autoridades, se encontraban almacenados expedientes en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental (Uveas) provisional que operaba en el Municipio.
“Aparte de esas 380 personas se hallaron esos mil expedientes que estaban ahí que no se atendieron como debería de haber sido”.
“Había mucha más gente enferma, de hecho, yo tuve en mi familia a mi hija que en ese entonces tenía 13 años, ahorita tiene 18 años, a mi hija se le empezó a pelar su carita y la tuve que atender porque yo escuchaba que no le hacían caso, que le decían que eran mentiras, que era por el agua clorada y que hasta la fecha seguimos padeciendo”.
Todas estas carpetas fueron descubiertas por el Grupo Poder, integrado por académicos e investigadores nacionales y extranjeros que indagan sobre el desastre ambiental más grande en la historia de Sonora ocurrido en agosto de 2014.
