Jesús Zambrano Grijalva
(Analista político)
Hoy, en México, ante una situación de emergencia sanitaria, económica y social (en la cual estamos, literalmente, tocando fondo), urgen medidas que involucren al gobierno, empresarios, partidos políticos y sociedad toda, para frenar y revertir el deterioro en el que estamos sumidos no solo por la pandemia sino por malas decisiones de la administración en curso.
Y la tragedia empieza con las más de 36 mil muertes, más de 311 mil contagiados y casi 100 mil sospechosos de Covid-19 -de acuerdo con cifras oficiales- que se enlaza, indisolublemente, con la crisis de empleos e ingresos que ya padecemos:
Tan solo en cuatro meses que llevamos de crisis por la pandemia (marzo-junio), se han perdido un millón 113 mil 677 puestos de trabajo formales, de acuerdo con el IMSS.
La rama de la construcción -que registró una caída de 12 por ciento y un descenso de 30.9 en su gasto- es la que más afecta a los trabajadores con menores ingresos: En 2019 se conformaba en un 92 por ciento de MIPyMES, que empleaban a 6 millones 237 mil mexicanos y ahora, con 2 mil constructoras paradas, más de un millón de personas quedaron a la deriva.
Sucede lo mismo con la producción industrial y de manufactura que, en abril, retrocedieron 29.6 y 35.5 por ciento, respectivamente.
En ese mismo mes, la actividad económica registró una reducción real de 19.7 por ciento. Las exportaciones manufactureras y automotrices retrocedieron igual hasta en un 90 por ciento, lo cual provoca desinversión y despidos. Además, se anticipa que el PIB caerá entre 10 y 12 puntos en 2020.
Estamos ante un proceso de descapitalización en mano de obra y capacidad manufacturera y de servicios. Y como dice el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, “el trabajador, al no contar con registro en el IMSS, también pierde su derecho a la seguridad social”.
La tragedia se agranda si consideramos que más de 12 millones de personas, dejaron de percibir algún ingreso entre abril y junio. Así, según la UNAM, 16 millones caerán en pobreza extrema, cifras coincidentes con las del Coneval.
Esto conlleva una menor recaudación fiscal que, aunada a la caída en los ingresos petroleros y el déficit en Pemex, estrechan los márgenes de maniobra de un gobierno que se ha negado a modificar sus prioridades de gasto, tanto en sus mega-obras, como en sus programas sociales de muy cuestionada eficiencia.
Si no hay un cambio urgente para salvar la economía, tardaremos años en recuperar los niveles del 2018 y corremos el riesgo de una crisis social y humanitaria de graves consecuencias.
Debemos apelar a las mínimas medidas de emergencia que se requieren: Destinar recursos, estímulos y créditos para que las MIPyMES no cierren ni despidan trabajadores. Se precisa el equivalente al 1 por ciento del PIB (unos 204 mil mdp), como ha sugerido la Coparmex; decretar un aplazamiento en los pagos de impuestos de estas unidades económicas; aplazar el pago de contribuciones al IMSS, y no dar de baja a ningún trabajador adscrito a él; replantear el papel de la industria eléctrica y petrolera (CFE y Pemex); y aprobar ya el Ingreso Mínimo Vital -propuesto por el PRD desde hace años y ahora junto a otras fuerzas en la Cámara de Diputados-, el cual se haría efectivo durante 3 meses para quienes han perdido su empleo o que han dejado de percibir ingresos en los últimos meses, lo que significaría poco más de 300 mil mdp (1.3% del PIB).
Estas medidas, que ya tienen amplio consenso, obligarían a reorientar el gasto público y/o a contratar deuda gubernamental. Exigirían también la participación de todos los sectores económicos, políticos y sociales en una acción nacional unitaria lo cual ayudaría a enfrentar en condiciones menos difíciles, las desastrosas consecuencias de la pandemia.
No permitamos que “toquemos fondo”. Persistamos por México.
