Combatir el maltrato y el abandono animal, así como impulsar una cultura de protección y defensa de los derechos de los animales y de la naturaleza, es la propuesta de la diputada Lorenia Valles Sampedro para reformar los artículos 4 y 27 de la Constitución Federal.
La representante popular por el Distrito 03 federal emanada de Morena, comentó que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 18 millones de canes que viven en México, tan solo un 30 por ciento tienen un hogar y 70 por ciento viven en las calles. De igual manera, organizaciones de la sociedad civil como Humane Society International afirman que México ocupa el primer lugar de América Latina en maltrato animal.
En su iniciativa, basada en la Constitución de la Ciudad de México y la Ley Ambiental para la Protección de la Tierra de la misma Entidad, propone adicionar un párrafo sexto al artículo 4 de la Constitución para establecer que:
“El Estado considerará a la naturaleza como ente colectivo sujeto de derechos para que se respete su existencia, mantenimiento, preservación, restauración, regeneración y protección de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos en los términos de la legislación aplicable”.
Y agrega que el Estado reconoce a los animales como seres vivos sujetos de derechos, para lo cual se adoptarán las provisiones necesarias para garantizar su protección, bienestar, trato digno, respetuoso, tutela responsable y fomentar una cultura de cuidado.
Además, plantea modificar la fracción XXIX-G del artículo 73 del mismo texto constitucional, para agregar entre las facultades de la Cámara de Diputados en materia de expedición de leyes para la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; así como las dirigidas a la protección del ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, estarán las relacionadas con el "bienestar animal".
Valles Sampedro insistió en la necesidad de saber el lugar que ocupa la naturaleza y los animales en el ecosistema social, lo que deberá llevar a considerarles como sujetos de protección y obligaciones, tanto por parte del Gobierno como de la ciudadanía.
