La iniciativa presentada por las legisladoras del PAN busca penalizar los delitos patrimoniales en contra de enfermeras, médicos y personal hospitalario en general, así como cualquier atentado hacia su integridad, infracciones que consideran posibles en las actuales condiciones en que se desarrolla la pandemia del Covid-19.
Destaca la modificación que busca establecer de uno a cinco años de prisión para quien comenta un delito en contra del personal del sector salud.
La propuesta hace referencia al robo en sus distintas modalidades, así como a lesiones y amenazas.
Aguascalientes, Querétaro, Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, registran dos. En tanto, Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Durango, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa registran una queja.