El gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, compareció ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, luego de haber sido citado tras las acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, confirmó que acudió a las instalaciones de la autoridad federal y respondió a los cuestionamientos realizados por el Ministerio Público de la Federación.
“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la agente del Ministerio Público Federal”, publicó Rocha Moya.
“CONFÍO EN LAS INSTITUCIONES”: ROCHA
En el mismo posicionamiento, el mandatario sinaloense con licencia aseguró está dispuesto a acudir a cualquier nuevo requerimiento de las autoridades mexicanas dentro de las investigaciones en curso.
“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, señaló.
También expresó su confianza en el Sistema Judicial Mexicano y en el Estado de Derecho, afirmando que cree en las instituciones de justicia del país.
Además, vinculó su postura con los principios de la llamada Cuarta Transformación y manifestó respaldo político a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una mandataria que defiende la soberanía nacional.
La comparecencia del gobernador con licencia ocurrió horas después de que trascendiera su presencia en instalaciones federales en Culiacán.
Hasta el momento, la FGR no ha emitido una postura oficial sobre el contenido de la diligencia ni sobre el avance de las investigaciones relacionadas con este caso, el cual ha generado impacto político tanto en Sinaloa como a nivel nacional.
Como se recordará, el 29 de abril Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios del Estado, fue acusado por fiscales estadounidenses por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio norteamericano.
Los acusados enfrentan cargos relacionados con narcotráfico, conspiración y delitos vinculados con armas de fuego; además, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, acusa a varios funcionarios de supuestamente brindar protección, información y apoyo político a líderes criminales a cambio de sobornos.
