En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, afirmó que el género femenino debe tener una vida libre de violencia, como lo establecen las legislaciones estatal, nacional e internacional.
“Las agresiones contra nosotras representan una violación a nuestros derechos fundamentales, por lo que el Estado debe asegurarnos que no se violenten esos derechos”, agregó.
Indicó que el 2019 ha sido el año más violento en Sonora, donde se han registrado casi 100 casos de asesinatos de mujeres, pero solamente el 25 por ciento fue reconocido como feminicidio por parte de las instancias de procuración de justicia.
“Esto pone de manifiesto una resistencia a investigar estos casos e indica que el Gobierno se resiste a aceptar que se ha fallado en este problema, además, ha faltado voluntad política”, subrayó.
Alonso Ramírez informó también que la Casa de la Mujer Indígena, ubicada en San Ignacio Cohuirimpo, ha atendido en el 2019 más de 300 casos de violencia, con un aumento considerable con respecto al año pasado.
Mencionó que algunos de estos casos, que son de violencia física, psicológica o sexual, fueron canalizados a las instancias de procuración de justicia, en base a la decisión de las mujeres afectadas.
Dijo que las causas de esta problemática son diversas y complejas, como la que tiene que ver con el odio que todavía persiste en el hombre hacia las mujeres, además de que hay mucha pobreza en la región, entre otros factores.
“La pobreza cuestiona la masculinidad de los hombres, quienes, al no poder mantener a la familia y no poseer los ingresos suficientes, se vuelven más agresivos y violentan a quienes están más cerca de ellos y que tienen muchas condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres”, añadió.
Patricia Alonso destacó que en CAMI se trabaja en el acompañamiento, capacitación, atención psicológica, jurídica, entre otras acciones, con la finalidad de contribuir a que los índices de violencia disminuyan.
