Un juez federal ordenó dejar sin efectos las resoluciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que pretendían dar por concluidos los programas de remediación del Río Sonora, luego de declarar fundada una denuncia por repetición de violaciones a los derechos humanos de las comunidades afectadas.
Los Comités de Cuenca Río Sonora informaron que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, emitió la resolución al determinar que las autoridades ambientales incurrieron nuevamente en irregularidades relacionadas con la falta de transparencia y la exclusión de los habitantes en las decisiones sobre la reparación del daño.
De acuerdo con los comités, el fallo deja sin efectos las resoluciones emitidas en febrero de 2026, mediante las cuales ambas dependencias pretendían cerrar unilateralmente los programas de remediación, monitoreo y medidas correctivas en las zonas afectadas.
Los representantes de las comunidades señalaron que las autoridades tampoco valoraron las observaciones ni las pruebas técnicas presentadas por los habitantes, por lo que consideraron que su participación quedó reducida a un procedimiento meramente formal.
“Esta resolución respalda de manera contundente las denuncias históricas de los habitantes del Río Sonora, al confirmar legalmente que las dependencias ambientales están cometiendo exactamente el mismo abuso del pasado”, expresaron.
Asimismo, señalaron que el Gobierno Federal mantiene bajo reserva el convenio económico celebrado con Grupo México, anunciado el 23 de diciembre de 2025, mediante el cual se contempló la dispersión de más de 2 mil 223 millones de pesos para atender las afectaciones ambientales.
Los comités denunciaron que, ante solicitudes de información, la Secretaría de Gobernación respondió que existe una “inexistencia administrativa” del documento.
Ante esta situación, exigieron la publicación íntegra del convenio, el cumplimiento de la resolución judicial y la participación directa de las comunidades en las decisiones relacionadas con la remediación y el destino de los recursos.
