Durante la primera sesión de la última Legislatura, el senador Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó al gobierno de Claudia Sheinbaum, centrándose en el caso de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien enfrenta prisión preventiva por una investigación relacionada con presunto huachicol fiscal.
Anaya afirmó haber revisado el expediente de Ruffo junto con su equipo y no haber encontrado pruebas que sostengan los cargos en su contra, declarándolo un ''preso político''.
El senador criticó que la audiencia relacionada con el caso de Ruffo se hubiera realizado en secreto, a pesar de que la Constitución establece que estos procedimientos deben ser públicos.
Además, contrastó la situación de Ruffo con la del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien se le han hecho acusaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.
Investigación sobre Ernesto Ruffo Appel
La Fiscalía General de la República (FGR) continúa investigando a Ruffo por su supuesta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles.
Recientemente, la FGR llevó a cabo operativos en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, donde se aseguraron documentos y contratos que estarían relacionados con la investigación.
La FGR ha vinculado a proceso a nueve de las 24 personas involucradas en el caso, incluyendo a Ruffo.
Asimismo, también informó que no ha recibido formalmente una solicitud de la defensa para cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario, y aseguró que se están respetando los derechos de Ruffo durante su internamiento.
Críticas al Informe de Gobierno de Sheinbaum
Con respecto al Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum, Anaya criticó las cifras de seguridad presentadas, que indican una reducción del 51 por ciento en los homicidios dolosos.
Según el senador, las cifras deben analizarse en un contexto más amplio, y acusó al gobierno de proporcionar una visión incompleta de la situación de la violencia.
Anaya destacó que, aunque hubo una disminución en el promedio diario de homicidios, también se observó un incremento en otros delitos, así como un aumento en el número de personas desaparecidas.
El senador subrayó que una baja en los homicidios no necesariamente implica una disminución en todas las muertes relacionadas con la violencia, citando el caso de Baja California Sur como un ejemplo de discrepancia entre los datos presentados.
Propuestas para mejorar la transparencia
Además, Anaya abogó por una revisión técnica y pública de la metodología utilizada para clasificar los crímenes, enfatizando la importancia de contabilizar todas las víctimas de manera transparente.
Extendió sus críticas a otros ámbitos de la administración, cuestionando el enfoque del gobierno respecto a la corrupción y la libertad de expresión, y sugiriendo la creación de una comisión especial de investigación sobre el huachicol fiscal.
A través de su discurso, el senador convirtió el informe en un análisis crítico de las actuales políticas de seguridad, justicia, corrupción y medios de comunicación.
