Rosendo Gómez Piedra fue oficialmente removido como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), después de más de dos años al frente de las indagatorias por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
DENUNCIAS DE LOS PADRES DE LOS 43 ESTUDIANTES
Su salida se da en un contexto marcado por acusaciones graves de corrupción, abuso de autoridad, falta de resultados y pérdida de confianza tanto por parte del equipo interno como de los familiares de los estudiantes.
La remoción ocurre tras la creciente presión de los padres y madres de los desaparecidos, quienes el mes de mayo, durante una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, exigieron como demanda central la salida del fiscal.
Melitón Ortega, vocero del movimiento, expresó que "nunca hemos tenido una respuesta contundente con el fiscal", afirmando que la confianza estaba “totalmente perdida”.
Uno de los momentos más críticos para Gómez Piedra fue su declaración pública donde afirmó que las labores de búsqueda estaban enfocadas en hallar “cadáveres”, lo que fue interpretado por las familias como una renuncia oficial a la posibilidad de encontrar a los jóvenes con vida.
Aunque Sheinbaum negó dicha versión, el daño en la relación ya estaba hecho. A esto se suman denuncias internas interpuestas el 28 de abril por integrantes de la propia unidad, que incluyen señalamientos por peculado, cohecho, extorsión y organización de fiestas con recursos oficiales.
Entre los episodios más controvertidos se reportó un desfile de disfraces dos semanas antes de una audiencia clave ante la CIDH, a la que la FGR ni siquiera asistió.
¿QUIÉN QUEDARÁ A CARGO DE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO AYOTZINAPA?
En su lugar, fue designado Mauricio Pazarán, exfiscal en la Ciudad de México y considerado cercano a la exfiscal Ernestina Godoy. Pazarán asumirá la dirección de la UEILCA con la encomienda de renovar el enfoque de la investigación.
De acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, la presidenta solicitó un viraje hacia un modelo basado en evidencia tecnológica y objetiva, ante la preocupación de que los testimonios se han vuelto poco confiables.
Con la llegada de Pazarán se busca reimpulsar las pesquisas, mejorar el acceso a información militar y responder a las exigencias de verdad y justicia por parte de las familias, quienes aún claman por respuestas, a casi once años de la desaparición.
La próxima reunión entre autoridades y representantes de los familiares está programada para finales de julio, momento en el que se espera revisar avances concretos, entre ellos el acceso a más de 800 expedientes militares y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno federal.
