Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, dejó de aparecer bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) desde el pasado 11 de agosto, lo que generó incertidumbre sobre su paradero y alimentó versiones acerca de una posible colaboración con las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con la ficha correspondiente al número de registro 62685-512, el exfuncionario ya no se encuentra bajo responsabilidad de la BOP.
Sin embargo, esta modificación no significa necesariamente que haya recuperado su libertad, debido a que podría permanecer bajo custodia de otra agencia, haber sido trasladado a una instalación distinta o encontrarse sujeto a algún esquema de supervisión.
Hasta el momento no se ha difundido una resolución judicial que confirme su liberación o la existencia de un acuerdo formal con la Fiscalía de Estados Unidos.
¿Gerardo Mérida negocia con autoridades estadounidenses?
La modificación en el registro ocurre mientras continúa pendiente el proceso penal contra Mérida Sánchez en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La audiencia programada para el pasado 4 de agosto fue aplazada por la jueza Katherine Polk Failla, sin que se diera a conocer inmediatamente una nueva fecha.
Este escenario reforzó las versiones sobre una eventual negociación entre la defensa del militar retirado y los fiscales estadounidenses.
Algunos reportes periodísticos señalan que Mérida Sánchez podría proporcionar información a cambio de obtener beneficios procesales; no obstante, ninguna autoridad ha confirmado que haya sido aceptado formalmente como testigo colaborador.
Entre las posibilidades se encuentra que el exsecretario haya sido trasladado a una instalación no administrada directamente por la BOP, que permanezca bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos o que su situación se encuentre relacionada con conversaciones judiciales reservadas.
¿Cuáles son las acusaciones contra el exsecretario de Sinaloa?
Gerardo Mérida Sánchez se entregó a las autoridades estadounidenses el 11 de mayo de 2026, después de ingresar al país por la frontera de Nogales, Arizona. Posteriormente fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
El exfuncionario se declaró no culpable de cargos por conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que Mérida Sánchez habría colaborado con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Según los fiscales, cuando estuvo al frente de la seguridad estatal habría recibido sobornos mensuales de al menos 100 mil dólares para filtrar información sobre operativos policiales. Esto habría permitido que integrantes de la organización criminal retiraran drogas, armas y equipo antes de los cateos.
En caso de ser declarado culpable, enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años y una condena máxima de cadena perpetua.
Caso involucra a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa
Mérida Sánchez forma parte de una acusación contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. En el expediente también aparecen Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra y Marco Antonio Almanza Avilés, entre otros.
Las autoridades estadounidenses los señalan de presuntamente proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y respaldo político. Los involucrados han rechazado las acusaciones, las cuales deberán probarse ante los tribunales.
Por ahora, la desaparición de Mérida Sánchez del registro público de la BOP no permite afirmar que esté libre ni que haya alcanzado un acuerdo. Su situación podría aclararse con la publicación de nuevos documentos judiciales o con la programación de su próxima audiencia.
