La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de cuatro centros dedicados al procesamiento ilegal de hidrocarburos en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, como resultado de operativos derivados de denuncias anónimas.
Las acciones permitieron el aseguramiento de decenas de miles de litros de combustible, además de tanques, contenedores y maquinaria utilizada para el almacenamiento y transporte.
De acuerdo con la dependencia, estas intervenciones forman parte de la estrategia permanente para combatir los delitos relacionados con el robo y procesamiento ilegal de hidrocarburos en el país.
OPERATIVOS EN TRES ESTADOS
San Luis Potosí concentró dos de los cuatro cateos realizados. En la capital del estado, las autoridades localizaron una nave donde ingresaban de manera constante pipas de combustible. Durante el operativo aseguraron ocho tanques con capacidad de 80 mil litros, cerca de 900 contenedores de mil litros y generadores de diésel.
En un segundo inmueble, ubicado en la comunidad de Laguna de San Vicente, fueron decomisados 18 tanques y alrededor de 40 mil litros de petróleo presuntamente procesado de manera ilegal.
En Tizayuca, Hidalgo, otro cateo permitió asegurar 57 contenedores con capacidad para almacenar hasta 157 mil litros de combustible. Mientras tanto, en Cuautla, Morelos, las autoridades intervinieron un inmueble señalado por vecinos debido al constante ingreso de pipas escoltadas por camionetas y por los fuertes olores a hidrocarburos y sustancias químicas.
CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES
La FGR señaló que estos aseguramientos representan un nuevo golpe contra las redes dedicadas al huachicol, un delito que mantiene presencia en distintas regiones del país.
Los operativos ocurren días después del resguardo de un predio en Veracruz por presuntas actividades relacionadas con el contrabando de combustible. En ese caso, la empresa involucrada negó cualquier actividad ilícita y aseguró que la inspección derivó de una denuncia falsa.
Las investigaciones federales también alcanzan casos de presunto huachicol fiscal vinculados con exfuncionarios y empresas privadas, en medio de los esfuerzos de las autoridades por combatir el mercado ilegal de hidrocarburos.
