La alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo, Ana Patricia “Ana Paty” Peralta de la Peña, se encuentra bajo investigación de autoridades mexicanas por distintas líneas relacionadas con presunto desvío de recursos públicos, posibles operaciones de contrabando de hidrocarburos y supuestos contactos con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con información difundida por El Financiero, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas indagatorias para determinar si existen elementos que relacionen a la funcionaria con estas actividades.
En paralelo, autoridades de Estados Unidos cancelaron las visas de Peralta, así como las de su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero, según fuentes citadas por el medio.
INVESTIGACIONES APUNTAN A RECURSOS MUNICIPALES
Una de las líneas de investigación está relacionada con el posible uso de recursos, personal o estructuras del Ayuntamiento de Benito Juárez para favorecer políticamente a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México y uno de los perfiles mencionados rumbo a la gubernatura de Quintana Roo.
La pesquisa también contempla información vinculada con operaciones de presunto huachicol fiscal, particularmente el ingreso irregular de combustibles mediante ferrotanques.
Entre los expedientes judicializados figura la causa penal 325/2025, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México. La existencia de este procedimiento, sin embargo, no implica que Marín Mollinedo esté imputado en dicha causa.
Las investigaciones también mencionan operaciones atribuidas a la empresa Ingemar, relacionadas con el ingreso de hidrocarburos. Según los datos citados, habrían sido introducidos 163 ferrotanques con más de 18 millones de litros de combustible.
POSIBLES VÍNCULOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO
Otra vertiente busca establecer si Peralta tuvo contactos con personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y, en su caso, determinar la naturaleza de esas relaciones.
Hasta ahora, no existe una sentencia que acredite responsabilidad penal de la alcaldesa ni de las demás personas mencionadas.
Respecto a las visas estadounidenses, tampoco se han hecho públicas las razones de su cancelación ni se ha confirmado oficialmente que exista una relación directa entre esa decisión y las investigaciones realizadas en México.
La FGR deberá determinar si las pesquisas reúnen elementos suficientes para establecer responsabilidades o llevar el caso ante un juez.
