En política, estimado lector, hay momentos en los que aquello a lo que uno se resiste, persiste. El gobernador con licencia Rubén Rocha Moya pareció ignorar esta premisa con su reciente intento de regresar al Gobierno de Sinaloa, después de 112 días de licencia, duró apenas unas horas, pero fue suficiente para abrir una crisis dentro de Morena, exhibir la debilidad institucional del Estado y confirmar que la presión de Estados Unidos ya no se limita al terreno diplomático, sino que ahora tiene consecuencias directas sobre el poder político mexicano.
Rocha Moya enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntamente colaborar con grupos delictivos durante su ejercicio en el poder. El gobernador ha rechazado los señalamientos y, hasta este momento, se debe prevalecer su presunción de inocencia, pero vale la pena recordar también que México no puede detener o extraditar automáticamente a una persona únicamente porque otro país lo solicite.
Sin embargo, creo yo estimado lector que en el servicio público no basta con invocar la legalidad y atenerse solamente a lo escrito en la norma, sino que también es indispensable conservar legitimidad, autoridad moral, buena reputación y capacidad para gobernar. Ese fue, podríamos decir, el “talón de Aquiles” de Rocha. El gobernador aseguró que las investigaciones mexicanas no habían encontrado elementos mínimos en su contra, pero lo curioso fue que al regresar al poder, la Fiscalía General de la República aseguró que todavía no había declarado concluido el caso.
Aun así, decidió reincorporarse sin el respaldo de Palacio Nacional, de la dirigencia de Morena ni de los demás gobernadores del movimiento. Como decimos los jóvenes, “tres doritos después”, su regreso fue calificado tanto desde el Poder Ejecutivo como desde Morena como una decisión unilateral. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no le parecía pertinente. Poco más de un día después, Rocha volvió a solicitar licencia, ahora por tiempo indefinido.
El episodio verdaderamente surrealista que vivimos evidenció una fractura que Morena preferiría mantener fuera de la conversación pública. Por un lado, permanece un grupo dispuesto a defender a los cuadros políticos vinculados al obradorismo histórico, bajo el argumento de que las acusaciones estadounidenses forman parte de una ofensiva contra la Cuarta Transformación. Por otro, aparece un sector encabezado por Sheinbaum, los llamados “claudistas”, que buscan proteger políticamente al movimiento y advierten que una figura tan cuestionada como Rocha Moya puede terminar contaminando a todo el partido.
Ahora bien, no necesariamente estamos ante una ruptura definitiva, pero sí frente a una disputa sobre quién define los límites de Morena. Rocha creyó que su capital político, su cercanía con López Obrador y su control sobre la estructura estatal serían suficientes para regresar. La reacción de la presidenta demostró lo contrario, es decir, el poder nacional ya no parece dispuesto a pagar cualquier costo por defender lealtades heredadas.
Para Morena, el daño no termina con la licencia. La oposición utilizará el caso para fortalecer su narrativa sobre una supuesta relación entre gobiernos morenistas y grupos criminales. Puede hacerlo incluso sin esperar una sentencia, porque la política se alimenta de percepciones y especulaciones mucho antes de que los tribunales produzcan certezas. El mayor riesgo para el partido gobernante es que Rocha deje de ser visto como un caso individual y se convierta en el símbolo de un problema más amplio.
Estados Unidos, por su parte, ha descubierto que puede ejercer presión sobre México mediante la cancelación de visas, los congelamientos de cuentas y las solicitudes de extradición. Para México es legítimo exigir pruebas y defender la soberanía nacional, pero sería un error reducir cualquier señalamiento extranjero a una intervención política a nuestra soberanía nacional. Lo mencioné en una columna anterior sobre este tema y lo reitero de nueva cuenta, la verdadera soberanía no consiste en proteger funcionarios o políticos, sino en contar con instituciones mexicanas capaces de investigar con rapidez, independencia y credibilidad.
Finalmente, Morena buscará cerrar cuanto antes el caso Rocha Moya y evitar que se convierta en una crisis que llegue viva a las elecciones de 2027. Si aprendió algo de los escándalos que marcaron al PRI y a varios de sus gobernadores, deberá entender que, cuando una figura amenaza con hundir a todo el proyecto, conviene soltar el lastre antes de que la corriente arrastre también al partido.
