En octubre de 2020, una cámara oculta de la cadena Al Jazeera registró el interior de un lujoso complejo residencial frente al mar en Limasol, Chipre. En la grabación, promotores inmobiliarios y altos funcionarios chipriotas recorrían pisos de mármol y mostraban catálogos de propiedades a un supuesto representante de un empresario chino condenado a prisión por lavado de dinero. Le aseguraron que, si desembolsaba más de dos millones de euros en bienes raíces, el Estado le entregaría un pasaporte de la Unión Europea e incluso modificaría su nombre en el documento para borrar su historial delictivo. Ese mismo año, a menos de ochenta kilómetros de esas terrazas, informes del Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados documentaban la realidad del centro de recepción de Pournara, en las afueras de Nicosia. Allí, cientos de solicitantes de asilo y 287 menores no acompañados dormían hacinados bajo tiendas de campaña rodeadas de alambre, mientras las autoridades los presionaban para firmar su deportación bajo amenaza de encierro indefinido. La cámara oculta dejó claro que la frontera no filtra la moralidad ni protege la ley; únicamente revisa el saldo bancario.
Las economías globales contemporáneas padecen una ceguera selectiva diseñada en los ministerios de hacienda. La investigación periodística conocida como The Cyprus Papers sacó a la luz más de 1,400 expedientes confidenciales del Gobierno chipriota. Los documentos revelaron que la isla vendió la ciudadanía europea a casi 2,500 extranjeros adinerados, provenientes principalmente de Rusia, China y Ucrania, a cambio de una inversión mínima de 2.15 millones de euros. Entre los compradores aprobados figuraban más de treinta individuos bajo investigación criminal, sujetos a sanciones internacionales o prófugos de la justicia. A todos ellos el Estado los recibió bajo el título honorable de inversores.
Esta alfombra roja financiera se extendió por las costas y fronteras de Europa. Desde su creación en 2012, el programa de Golden Visas de Portugal captó más de 7,300 millones de euros antes de que la crisis habitacional obligara al Gobierno a eliminar la vía inmobiliaria en octubre de 2023. En Grecia, datos del Ministerio de Migración y Asilo confirman que la venta de permisos de residencia por inversiones a partir de 250,000 euros ha inyectado cerca de 5,540 millones de euros a su economía y otorgado más de 31,000 permisos, alcanzando un récord de 9,289 solicitudes tan solo en 2024. Incluso en el Báltico, Letonia recaudó cerca de 1,500 millones de euros de más de 20,000 solicitantes desde 2010 mediante este mismo mecanismo. El capital borra por decreto las mismas fronteras que la pobreza levanta.
A escasos kilómetros de las notarías atenienses donde se firman esas escrituras, el mar Jónico mostró el reverso de esta contabilidad. El 14 de junio de 2023, el pesquero sobrecargado Adriana naufragó frente a las costas de Pylos, Grecia. A bordo viajaban unas 750 personas procedentes de Pakistán, Siria y Egipto. Pese a que la guardia costera helénica vigiló la embarcación a la deriva durante horas, no activó un rescate oportuno. Solo sobrevivieron 104 personas y más de seiscientas murieron ahogadas en la fosa de Calipso.
Cuatro días después de aquel hundimiento, el sumergible privado Titan perdió contacto en el Atlántico Norte con cinco hombres a bordo que habían pagado hasta 250,000 dólares por asiento para visitar los restos del Titanic. Entre ellos viajaba el multimillonario británico de origen paquistaní Shahzada Dawood junto a su hijo de diecinueve años. La desaparición activó de inmediato una operación multinacional con buques, aviones y robots submarinos de Estados Unidos, Canadá y Francia. El contraste sacudió a la prensa mundial. Mientras las potencias movilizaban flotas enteras para buscar a cinco turistas adinerados en el fondo del océano, cientos de jóvenes paquistaníes pobres permanecían encerrados y olvidados en la bodega sumergida del Adriana. La nacionalidad de las víctimas era la misma; su valor ante el mundo dependía exclusivamente de su cuenta bancaria.
En 1995, la filósofa española Adela Cortina acuñó un término exacto a partir de los vocablos griegos áporos (pobre) y fobéo (espantarse o rechazar) para nombrar esta patología social. La llamó aporofobia, el rechazo y la aversión visceral hacia el desposeído. En su obra “Aporofobia”, el rechazo al pobre, publicada en 2017, Cortina demuestra que la hostilidad hacia el forastero rara vez es xenofobia pura. Las sociedades occidentales afirman defender su identidad cultural cuando levantan muros contra los refugiados, pero experimentan una repentina hospitalidad cuando el extranjero llega a comprar mansiones, clubes de futbol o bonos de deuda pública.
En un mundo regido por el intercambio mercantil, el individuo sin recursos es percibido como un estorbo porque aparenta no tener nada que devolver a cambio. Esta repulsión se traduce en violencia física y estructural. Investigaciones del “Observatorio HATEnto” citadas en el trabajo de Cortina revelan que una de cada tres personas sin hogar en España sufre insultos o tratos vejatorios, y una de cada cinco es víctima de agresiones físicas directas. Si eso ocurre donde el agravio al menos se registra, ¿qué dirían las estadísticas en el continente americano, desde las ciudades del norte que hoy multan y encarcelan a quien duerme en la acera, hasta las rutas del sur donde la violencia contra el desposeído ni siquiera alcanza el privilegio de ser contada?
Nos hemos engañado con tratados internacionales que proclaman la igualdad universal. La realidad opera con tarifas de entrada. Quienes no odian al extranjero por su lengua, su dios o su bandera, lo rechazan porque no puede comprar su derecho a cruzar la aduana. En las fronteras del privilegio, las aduanas se han convertido en cajas registradoras que otorgan impunidad al dinero y dictan pena de muerte por insolvencia a quien pide refugio con los bolsillos vacíos.
