Contrariedades y problemas judiciales de la comunidad bracera

Los acuerdos para llevar trabajadores a los países del norte no son nuevos

Contrariedades y problemas judiciales de la comunidad bracera

Actualmente, la relación bilateral de México-Estados Unidos en materia de contratación de mano de obra agrícola temporal sigue ocupando el primer lugar, seguido por Canadá. Sin embargo, como es sabido, los acuerdos para llevar trabajadores a los países del norte no son nuevos, particularmente, el compromiso con USA tiene su antecedente más acabado con el Programa Bracero, que abarcó de 1942 a 1964. Por supuesto, el programa abrió un número importante de aristas a explorar, que van desde los efectos positivos y los no tan favorables en México como en el país vecino. En este sentido, una de las líneas a revisar es el de las dificultades que enfrentaron los braceros a su retorno, esto a través del caso de Nogales, Sonora.

La revisión documental, en el Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica, muestra que el retorno no siempre fue sencillo en la garita, puesto que además de enfrentar aprietos en el país vecino, el reingreso al territorio nacional les significó una serie de bretes, entre los que se encontraron acusaciones de robo, contrabando, además de sufrir estafas. La problemática es interesante en varios sentidos, más allá de la inocencia o la culpabilidad. Muestra de ello es que, el retorno de los migrantes se hacía vía terrestre, procedentes de Arizona y estados vecinos, por lo que la ruta del pacífico en tren representaba la vía adecuada para llegar a los estados del occidente, lugares de origen de un sector los braceros, en consecuencia, las vejaciones que terminaron por escalar ante las instancias procuradoras de justicia los anclaron indefinidamente en un espacio fronterizo. Situación que significó un traspié en su camino, al consumir parte de los recursos económicos que habían ganado para el pago de multas, así como por la obligación de mantenerse en la frontera mientras se desarrollaban las investigaciones para deslindar responsabilidades, mismas que generalmente duraban meses o años hasta alcanzar alguna resolución.

A esta situación de anclaje habría que agregar el desconocimiento del andamiaje jurídico por parte de los acusados, situación que se complementaba en algunos con el desconocimiento de la lectura y la escritura. Aunque ello no impidió que los migrantes buscaran una ruta para afrontar las acusaciones, destacando la búsqueda de ayuda gubernamental, figurando en primera instancia presidentes municipales, aunque ante las complicaciones los acusados intentaron abrir canales ante el gobernador del Estado, o bien, con el ejecutivo del país, muchas veces sin éxito.

Lo que queda claro es la vulnerabilidad con la que regresaban los braceros y la rapidez con la que podían entrabar a un torbellino de tropelías que los orillaba a tejer redes de auxilio rápidas, tener aprendizaje jurídico, así como adquisiciones crediticias que les permitieran acceder a una fracción de justicia.