El senador brasileño Flávio Bolsonaro habría llegado a Miami, Estados Unidos, acompañado de su familia, luego de la derrota electoral frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acuerdo con información publicada por medios brasileños e internacionales.
Los reportes de O Globo y CNN indican que el legislador fue recibido por su hermano Eduardo Bolsonaro, quien se habría trasladado desde Texas hasta Florida junto con su esposa e hijos para encontrarse con él.
La llegada ocurre en medio de una situación política y judicial complicada para Flávio, quien contaba con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump. Según las versiones difundidas, Washington habría facilitado visas para él y sus familiares, después de que las autoridades brasileñas cancelaran sus pasaportes.
INVESTIGACIONES Y SALIDA DE BRASIL
El senador enfrenta investigaciones en Brasil relacionadas con presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. En ese contexto, las autoridades le habían ordenado entregar sus documentos de viaje, cuyo plazo vencía este martes.
Sin embargo, cuando se concretó la cancelación de los pasaportes, las versiones periodísticas apuntaban a que Flávio Bolsonaro y sus familiares ya se encontraban fuera del territorio brasileño.
O Globo también informó que Rogério Marinho, quien estuvo al frente de la coordinación de su campaña, habría sido uno de los últimos aliados en mantener comunicación con él. Según ese medio, recibió un mensaje alrededor de las 8:00 horas, en el que el senador expresaba su intención de alejarse temporalmente de la situación.
Hasta el momento, no se ha esclarecido públicamente la ruta que siguió para abandonar Brasil. Por su parte, el gobierno de Argentina habría señalado que no contaba con registros de su ingreso al país.
Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos, había sugerido anteriormente que su hermano abandonara Brasil en caso de perder los comicios. El propio Eduardo también enfrenta consecuencias judiciales en su país, donde fue sentenciado en ausencia a cuatro años de prisión por presuntas gestiones ilegales ante el gobierno estadounidense.
